El país que preside Alberto Fernández está muy cerca de poder entrar en una cesación de pago, mientras que la economía brasileña se contrajo dos trimestres ya que fue muy golpeada por la sequía
Dos noticias llegadas desde Argentina y Brasil pusieron ayer jueves un toque de preocupación sobre el futuro de la economía en la región. En Argentina, la advertencia de una calificadora de riesgo de que el país puede entrar en cesación de pago, y en Brasil el indicador que muestra que entró en “recesión técnica”. Comencemos por ahí.
La economía brasileña se contrajo un 0,1% en el tercer trimestre del año frente al segundo, con lo que el país entró en “recesión técnica” por encadenar dos trimestres seguidos de crecimiento negativo, afectada principalmente por problemas climáticos, que desplomaron la producción agropecuaria.
Según los datos divulgados ayer jueves por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, como el PIB de Brasil ya había retrocedido un 0,4% en el segundo semestre, en el tercero encadenó dos períodos consecutivos de contracción, lo que configura “recesión técnica”.
La economía brasileña, sin embargo, creció un 4,0% en el tercer trimestre en comparación con el mismo período de 2020, con lo que acumuló una expansión del 3,9% en los últimos 12 meses.
Ese resultado aún es compatible con las proyecciones de los economistas según las cuales Brasil terminará 2021 con un crecimiento del 4,8% tras haber sufrido en 2020 una retracción del 3,9% por la crisis generada por la pandemia.
Según coincidieron tanto los analistas como el Gobierno, el revés del tercer trimestre fue puntual y provocado principalmente por el desplome de la producción agropecuaria y la consecuente caída de las exportaciones de alimentos, ya que tanto el consumo de las familias como el sector servicios, principales motores de la economía de Brasil, registraron crecimiento en el período.
Pero ni la recuperación de los servicios ni del consumo revirtieron los daños provocados por los problemas climáticos. La producción agropecuaria se desplomó un 8% en el tercer trimestre por las intensas heladas que el país sufrió en junio y julio tras una larga y grave sequía a comienzos del año.
Además, la sequía dejó en mínimos los niveles de las presas de las hidroeléctricas, mayores fuentes de energía del país, lo que redujo la generación y obligó a recurrir a sus centrales térmicas, más costosas, para evitar un apagón.
La menor producción agropecuaria y la anticipación de la cosecha de soja provocaron una caída del 9,8% de las exportaciones en el tercer trimestre, que también explica la contracción del período.
El Ministerio de Economía calcula que, si la producción agropecuaria no hubiera sido afectada por estos problemas, Brasil habría registrado un crecimiento del 0,4% en el tercer trimestre frente al segundo.
Pese a los resultados negativos en los dos últimos trimestres, el PIB brasileño volvió al mismo nivel que tenía a finales de 2019, antes de la pandemia, y acumula un crecimiento del 5,7% en los nueve primeros meses de este año.
Aunque la contracción del tercer trimestre puede ser atribuida a un problema puntual, la recuperación de la economía brasileña tras la pandemia continúa amenazada por la inflación (más del 10% interanual), el desempleo (12,6%), la reducción de la renta y el aumento de los intereses a sus mayores niveles en cuatro años. A esto se suma la incertidumbre generada por la posibilidad de que el Gobierno eleve sus gastos en 2022, cuando el presidente Jair Bolsonaro intentará su reelección.
Según un sondeo divulgado el lunes por el Banco Central, los economistas redujeron su proyección para el crecimiento de la economía de Brasil en 2022 hasta un 0,58% tras haber previsto una expansión del 2,5% a comienzos del año.
¿Default argentino?
En tanto, la agencia de calificación Moody’s advirtió ayer jueves de los riesgos que afronta Argentina de caer en cese de pagos de su deuda en manos de acreedores privados, particularmente a partir de 2024.
“Todos los países refinancian su deuda en el mercado. En el caso de Argentina, tiene una cantidad de deuda en dólares, que tiene que refinanciar mayormente a partir de 2024, que le es imposible pagar si no tiene acceso a los mercados. En este momento no lo tiene y, por lo tanto, cuando llegue el momento, si eso no cambia, va a ver un default”, dijo el analista principal de Moody’s para Argentina, Gabriel Torres.
En rueda de prensa, Torres sostuvo que para que Argentina pueda colocar deuda en el mercado debería tener un índice de riesgo país de entre 300 y 500 puntos básicos, cuando actualmente ronda los 1.820 puntos.
Según el analista, tendría que haber “un cambio muy grande” en la implementación de políticas públicas para que haya “confianza en el mercado”.
Torres advirtió además que, debido a las actuales presiones cambiarias y la bajada de reservas monetarias, “es muy difícil” que no haya algún tipo de ajuste en el tipo de cambio “en algún momento”.
“El riesgo de que haya una devaluación y lleve a un salto aún más grande de la inflación es alto”, advirtió. Argentina tiene un nivel de inflación interanual de entre el 50 y el 52%. (Con información de EFE).
Acuerdo con el FMI, clave para el gobierno argentino
El analista principal de Moody’s para Argentina, Gabriel Torres, señaló la importancia de que el gobierno de Alberto Fernández logre un acuerdo con el FMI para refinanciar deudas con ese organismo por unos 43.300 millones de dólares. En este sentido, observó que, “si Argentina no arregla con el FMI, va a llegar un momento en que no va a poder cancelar un pago y va a entrar en default”. Por otra parte, sostuvo que acordar un nuevo programa con el FMI obligará “a Argentina a decir qué va a hacer en los próximos años y cuáles son sus metas”. “El acuerdo es importante para resolver el tema del pago de deudas (con el FMI) y para dar una señal al mercado de qué se quiere hacer con la macroeconomía”, afirmó. Según Torres, “es posible que haya una reacción positiva inicial” en beneficios de bonos y acciones argentinas si se llega a un acuerdo con el FMI, pero la “gran pregunta” en los mercados va a ser si el plan que se incluya en el programa “se cumple” y es “consistente”.
La economía brasileña se contrajo dos trimestres, golpeada por la sequía
El Senado brasileño aprobó ayer jueves un proyecto de ley que posterga el pago de deudas judiciales del Estado y destina ese dinero a un nuevo programa de subsidios sociales impulsado por el Gobierno de Jair Bolsonaro.
El proyecto vuelve ahora a la Cámara de Diputados, que la semana próxima deberá dejarlo definitivamente aprobado.
Los cambios introducidos en el Senado son más de forma que de contenido y los dos puntos fundamentales para el Gobierno permanecen casi inalterados, pese a la inquietud que generan en los mercados, que los consideran una amenaza al equilibrio fiscal.
Uno flexibiliza una ley que impone un techo para el gasto anual del Ejecutivo. El otro posterga y establece diversas cuotas para el pago de las deudas judiciales que el Estado mantiene con terceros y libera para el año próximo 43.800 millones de reales (unos 8.000 millones de dólares).
Ese dinero será destinado a financiar un nuevo plan de subsidios a los más pobres, bautizado por el Gobierno como Auxilio Brasil, que ha generado inmensas dudas, pues su financiación está garantizada solo para 2022, cuando se celebrarán las elecciones presidenciales en las que Bolsonaro aspira a renovar su mandato.
La oposición se ha plantado frente a esa iniciativa, sobre todo por su posible peso en términos electorales y la incertidumbre que deja acerca de su financiación para después del año próximo.
El llamado Auxilio Brasil sustituye al programa Bolsa Familia, que fue creado en 2003 por el Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el mayor antagonista político de Bolsonaro y hasta ahora claro favorito para ganar las elecciones de octubre del próximo año.
El nuevo programa, que según la propuesta beneficiará a unos 20 millones de familias, frente a los 16 millones del Bolsa Familia, también duplica el valor de los subsidios mensuales, que pasarían a ser de 400 reales (73 dólares).
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